La idea del contrato administrativo parte del supuesto de que, en ciertos casos, los actos bilaterales en que participa la administración contienen peculiaridades propias que impiden asimilarlos a los moldes contractuales del derecho privado.
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La contratación pública es, por tanto, un proceso administrativo por medio del cual las dependencias o entidades públicas adquieren determinados bienes (muebles o inmuebles), o contratan servicios que estiman necesarios para el cumplimiento de los fines encomendados por la normatividad que los rige (Salgado, 2023). Es un pilar fundamental de la gobernanza estratégica y de la prestación de servicios, dado al enorme volumen de gasto que representa, una contratación pública bien gestionada puede y debe desempeñar un papel de primer orden en el fomento de la eficiencia del sector público y como elemento que inspira confianza en los ciudadanos.
Jorge Fernández Ruiz y José Alfonso Herrera García (2004, p. 20) dicen que el proceso de contratación pública se distingue por contener tres etapas: la preliminar, la ejecutiva y la final o complementaria. Veamos cada una en el siguiente elemento.
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Está destinada a orientar a la administración pública en la celebración de los contratos administrativos y su consiguiente aplicación de recursos.
De acuerdo con los autores, los pasos principales son: la selección del contratante de la administración pública, la celebración del contrato, la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales y, en su caso, las modificaciones al contrato.
Que se refiere básicamente, de acuerdo con los autores, a la terminación y finiquito del contrato. (Fernández y Herrera, 2004)
A estas etapas, sobre todo en el marco de un contrato con una convocatoria por licitación, podemos identificar tres actos que lo conforman. La primera etapa se conoce como “acto previo”, en el cual se preparan todos los elementos previos a la emisión de la convocatoria entre ellos los conocidos POBALINES (Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y la prestación de Servicios de cualquier naturaleza). Un segundo momento, dentro del proceso de contratación pública, incluye todos los procesos durante la licitación. Entre estos procesos, encontramos la publicación de la convocatoria y la emisión del fallo o, en su caso, la cancelación de dicho procedimiento (Art. 26, LAASSP, 2021). De esta manera, podemos decir que las etapas de una licitación pública son:
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Finalmente, en la última etapa nombrada “actos posteriores”, se incluye la formalización del contrato, las entregas conforme al contrato y los actos posteriores al fallo, entre los que pueden concederse los recursos de impugnación o revisión. Una vez emitido el fallo, la convocante debe señalar en el acta respectiva, la fecha y lugar para la formalización del contrato o en su defecto la Ley otorga 15 días naturales para ello (Art. 14 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Privado). Es importante decir que para el caso de los organismos autónomos o incluso para alguna otra organización las fechas en su caso pudieran ajustarse, en atención a su propia normatividad.
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Asimismo, existen diferentes actores que son importantes en el proceso de contratación. Por ejemplo, en el proceso de licitación como actos previos, la autoridad convocante debe seguir sus Políticas, bases y lineamientos de contrataciones públicas, en caso de que no tuviese POBALINES deberá ajustar su actuación a lo previsto por las legislaciones de contratación (LAASSP, LOPSRM y sus respectivos reglamentos).
Actos previos: