La política pública de contrataciones se integra por leyes, normas, lineamientos, principios, códigos de conducta, programas y otras herramientas institucionales normativas formales; de esta manera, se articula desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a través de leyes como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y su Reglamento, esto en el ámbito federal y de su competencia. Se implementa mediante programas y plataformas digitales como Compranet, en origen, facilitando el acceso y seguimiento de los procesos de contratación.
Esta política pública no es un sistema unificado, sino disperso, difuso y desequilibrado. Lo es por las múltiples dimensiones de la normatividad. Existe normatividad en el ámbito nacional, federal, local (entidades federativas, municipios, alcaldías, etc.) y especial, este último, por ejemplo, para el caso de los Organismos Constitucionales Autónomos. También en los poderes legislativo, judicial y por supuesto en las empresas productivas del Estado se realizan estos procesos de compra pública.
Cada uno de estos espacios tienen aspectos normativos diferenciados que complejiza el proceso de contratación pública. En el presente apartado nos referiremos a la política de contrataciones públicas en el ámbito del gobierno federal, emitida desde la Secretaría de la Función Pública. (Salgado, 2024)
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Asimismo, se exponen los criterios para la administración de recursos económicos: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. De igual forma, el artículo 134 Constitucional privilegia el mecanismo de licitación pública como medio de contratación con el objetivo de buscar las mejores condiciones para el Estado y salvaguardar la riqueza pública.
Lo anterior lo podemos visualizar en el siguiente esquema.
Lee con atención la información del siguiente esquema.
En el esquema podemos observar como en los estados existe la necesidad de adquirir bienes, arrendar servicios y contratar la ejecución de obra pública para mantener el funcionamiento de la vida en colectivo, esto en los diversos niveles de gobierno como la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. Es importante decir que no sólo en los poderes ejecutivos se realizan estos procesos de compras públicas, sino también en los legislativos, judiciales y por supuesto en organismos autónomos o empresa productivas del Estado. Cada uno de estos espacios tienen aspectos normativos diferenciados que complejizan el proceso de contratación pública, y lo vuelven vulnerable a los procesos de captura, actos de corrupción, impunidad, conflicto de intereses, nepotismo y otra serie de prácticas como el dispendió y el manejo ineficiente del recurso público destinado a la contratación pública.
A continuación, se definirá el contrato, desde diferentes perspectivas y disciplinas, esperando pueda ser de ayuda para identificar sus principales características y herramientas con el fin de poderlas supervisar.