El hecho de que las actividades de las y los funcionarios públicos sean de naturaleza estrictamente técnica, sin implicaciones políticas, es severamente cuestionado en la literatura de la nueva gestión pública y la gobernanza (Bresser Pereira, 2004; Peters, 2004; Aguilar, 2006). Además, se pone en duda que funcione un mecanismo de rendición de cuentas en el que los actores electos (legisladores) vigilen a los no electos y les pidan resultados en beneficio de los electores (Bresser Pereira, 2004). Se asume que buena parte de la actividad de los funcionarios en realidad escapa a las posibilidades de control del Poder Legislativo y de otras entidades del Estado encargadas de la vigilancia. Además, las nuevas exigencias de los modelos de administración pública exigirán a los funcionarios mayor autonomía en el aspecto técnico, lo que necesariamente implicaría asumir una mayor responsabilidad en lo político. Eso lleva a que los servidores públicos tengan que dar respuestas directas a los ciudadanos de la labor que realizan y se sometan a mecanismos de vigilancia social de su trabajo. De otra manera, la autonomía técnica que demandan para lograr la eficiencia administrativa podría derivar en la posibilidad de no rendir cuentas o de hacerlo tarde.
Por supuesto, la descentralización hacia los gobiernos locales tiene como objetivo que los servicios los administren las autoridades más cercanas a la ciudadanía. Sin embargo, sin mecanismos en los que esta ciudadanía pueda hacer valer su voz y participe en la política pública, la descentralización tampoco tendrá los efectos deseados. En todo caso, lo que se requiere, ya sea en una política administrada por el gobierno federal o en otra en la que parte de la responsabilidad la tienen los locales, es un mecanismo para que las decisiones técnicas específicas para cada contexto puedan ser vigiladas por los potenciales beneficiarios, que sean también los encargados de evaluarlas. La contraloría social debe servir para que los funcionarios asuman la responsabilidad política de su acción ante los ciudadanos.
Lee con atención la información del siguiente esquema.
Se argumenta que la rendición social de cuentas es una condición necesaria para resolver con éxito dichas patologías. La participación social no debería ser limitada a la tradicional "voz" de la opinión pública que denuncia a través de los medios de comunicación, sino a acciones específicas destinadas a vigilar la acción del gobierno. Las iniciativas pueden institucionalizarse al interior de una agencia pública (que abre a los ciudadanos espacios para vigilar) o de manera independiente por parte de una organización. En el caso de los programas sociales, en donde las deficiencias de los mecanismos de control son mayores (ya que por definición los programas operan en comunidades marginales en términos geográficos, pero también sociales) y la capacidad de los ciudadanos para pedir cuentas a los operadores es limitada, los esquemas de vigilancia social desde el gobierno son todavía más necesarios que en otros campos de la política pública.
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