En la supervisión institucional, el control y la evaluación no son procesos disociados, sino medios complementarios que se vinculan con la efectividad de las instituciones administrativas y los fines sustantivos del quehacer institucional. Por lo tanto, ambos deben revalorarse por su contribución específica al funcionamiento de las instituciones administrativas, y de ese modo, situarlos como instrumentos necesarios para la capacidad operativa de las propias instituciones y como recurso indispensable para que los sistemas de dirección, coordinación e implementación de los programas públicos tengan un funcionamiento adaptativo y flexible, aumentando de esa manera, la capacidad para administrar la sociedad civil.
Pulsa en las flechas laterales para conocer más información.
La transparencia y el acceso a la información pública gubernamental son herramientas que deben ponerse en manos de los ciudadanos para que a través de los mecanismos y límites que establecen las reglas y los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación respectiva contribuyan a disuadir la corrupción y ponerla en evidencia, generando así más y mejores espacios para la ciudadanización del poder y la construcción de una democracia más deliberativa.
De acuerdo con una publicación de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), de la que el INAI es miembro, así como a instituciones como el Banco Mundial y la Organización de los Estados Americanos, "en las últimas dos décadas, más de 90 países han adoptado leyes que regulan el ejercicio del derecho a acceder a la información en manos de organismos públicos".
Tendencia de la cual México ha formado parte al realizar durante los últimos dos años importantes reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción que incluyen avances inéditos en la materia.
Marco normativo en México
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LGTAIP) sienta las bases para asegurar una correcta supervisión institucional para que las y los mexicanos tengan acceso a este derecho en igualdad de condiciones, sin restricciones, e incorporando la perspectiva de género y sin discriminación alguna; mediante la armonización de las leyes locales con la ley general, y la homologación de principios, criterios y procedimientos para su análisis y ponderación en todo el país. Se trata de una legislación de vanguardia que consolidó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como una institución autónoma, independiente y ciudadana, con nuevas atribuciones, un catálogo mayor de sujetos obligados y la posibilidad de vigilar el proceso de rendición de cuentas de personas físicas y morales que reciban recursos públicos.
Revisemos a continuación las características más destacadas de esta legislación:
Pulsa en la flecha inferior para desplegar el texto
De igual manera, se armonizan bases, principios, procedimientos en lo relativo a los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, se crea una relación de coordinación y cooperación entre los órganos garantes de transparencia de la federación, los estados y la Ciudad de México; se establece un Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública que promueva una cultura cívica alrededor de estos derechos, y se impulsa la implementación, operación y funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta electrónica que nos permitirá acercar aún más el derecho de acceso a la información a las y los mexicanos.