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Desde las cognitivas, que dan cuenta de lo que una persona sabe y conoce, de las cuestiones políticas de su país.
Hasta las cuestiones afectivas que refieren a la manera en la que un individuo percibe los objetos políticos de su sociedad.
La relación entre el régimen político y la democracia no es entonces una relación unidireccional en la que el régimen determine la cultura de los individuos, sino que ambos se influyen entre sí.
En el espacio de la cultura política democrática se encuentra una serie de instituciones y actores que interactúan entre sí: órganos del Estado e instituciones, sociedad civil, partidos políticos, ciudadanía conforman una red de interrelaciones para el desarrollo de procesos democráticos.
Cultura política
En el siguiente elemento vamos a revisar con más detalle de que se trata este concepto.
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Por ello, existe un sistema electoral que comprende el conjunto de la normatividad, las instituciones y prácticas, que determinan la compleja relación formada por la expresión de la voluntad ciudadana (participación o abstención) y la creación de los órganos del Estado que la representan. Así se incluye la posibilidad de participar como votante o candidato; la preparación y desarrollo de una elección; las delimitaciones geográficas en que se divide la recepción de la votación, el sufragio, las diferentes formas de escrutinio y cómputo, y las técnicas del contencioso electoral, etc.
Un elemento importante en este proceso -nos dice Terán- es la llamada sociedad civil, que no es más que la organización de la sociedad a través de instituciones, asociaciones, grupos, las ONG y otras entidades para la participación política, directa o indirecta. Sin embargo, en esta red de relaciones, son los partidos políticos las organizaciones esenciales para el desarrollo del proceso democrático, porque son órganos intermedios entre los gobernantes y los gobernados de un Estado, al ser los interlocutores auténticos de ambos y, como tales, son los que pueden desarrollar en la práctica política una cultura asociada a la legalidad electoral, al debate nacional de las diferencias, a los compromisos concertados, rechazo a la violencia y al linchamiento moral y, sobre todo, a la defensa de las libertades civiles y políticas alcanzadas.
Terán (2002) concluye que “Por lo tanto, una cultura política es democrática, cuando los individuos involucrados en los procesos de toma de decisiones representan a la mayoría de la población ciudadana y los procedimientos de toma de decisiones se rigen por el principio de mayorías, y sobre todo se garantizan los derechos públicos subjetivos de los gobernados, como serían las libertades de expresión, asociación, información, etc., libertades que permiten a los individuos presentar y elegir alternativas políticas definidas, evitando mecanismos de coacción sobre los sujetos participantes” .
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La cultura democrática se caracteriza entonces por el fomento de la pluralidad política y también por la inclusión de la participación de actores históricamente relegados en lo social como lo son personas con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, integrantes de pueblos y comunidades indígenas, así como la participación de mujeres en el ejercicio de cargos públicos de representación popular.
Un elemento importante que considerar es que la cultura democrática presupone el disenso, ya que el único punto obligado de consenso son las reglas de la contienda para que se permita la competencia y concurrencia.
En una sociedad democrática, el ejercicio de los derechos políticos se realiza a través de la libertad de los individuos, de su libertad de expresión y participación, que a su vez constituyen los valores centrales para la teoría de la legitimidad y la teoría de la justicia.
Esta teoría de la legitimidad se conjuga con el principio de legalidad, que refiere a la supremacía de la ley sobre cualquier acción o actividad del poder público. Recordemos que la legalidad es un valor democrático fundamental que permite tanto a ciudadanos como a gobernantes vivir en un entorno de justicia, donde se respete el Estado de derecho y se protejan los derechos humanos y la dignidad de todos.
En este contexto, la Constitución es una zona de mediación entre la legalidad y la legitimación de los actos de poder -entre legitimidad y justicia- para mediar en la salvaguarda del bien común.
“Un gobierno con cultura democrática y, por lo tanto, participativa, debe tener el siguiente código ético” .
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Si bien las y los integrantes de una sociedad democrática se rigen por principios éticos, la relación entre ética y política en democracia no deja de ser tensa si consideramos las variables del poder y la violencia que ejercen un considerable peso en la sociedad actual.