Todos los Estados, gobiernos e instituciones públicas realizan procesos de contratación pública como una herramienta para hacerse de bienes, servicios, arrendamientos u obras que beneficien y atiendan alguna solicitud, bien, derecho de la ciudadanía, o de la población en general. El tema de contratos es visto principalmente por la disciplina del Derecho, específicamente por el Derecho Administrativo, sin embargo, no es la única área de las Ciencias Sociales que se encarga de analizar los procesos de contratación pública, porque también los especialistas en Economía, Administración Pública o incluso arquitectura están vinculados con esta área del conocimiento: Los contratos públicos.

El proceso de las contrataciones públicas suele ser utilizado en todo el mundo para adquirir bienes, servicios, obras y suministros. El Banco Mundial estima que, tras las múltiples crisis mundiales y económicas:

Por ello, en este texto se muestran los principales conceptos y tipologías sobre los contratos con el fin de encontrar herramientas que nos permitan conocerlos para poder comprender las herramientas de supervisión y verificación que nos lleven a mejorar la contratación en servicios, obras, suministros y diversos bienes que se encargan de contratar las instituciones de los gobiernos y los Estados nacionales.

Lo anterior implica que toda aquella institución, gobierno, Estado o persona encargada y vinculada con un proceso de contratación pública debe saber manejar, gestionar, administrar, supervisar, vigilar, verificar y atender con diligencia, buena administración, ética pública, responsabilidad social, compromiso ciudadano y que vele por el interés general, logrará: “detener el despilfarro”, “evitar la corrupción”, “mejorar los servicios” y “atender las necesidades ciudadanas y de la población”.

El Instituto Nacional Electoral como institución autónoma constitucional, está obligado a cumplir con la política de contrataciones públicas del Estado mexicano, los principios, valores y normas que para el caso se establecen, para lograr una gestión administrativa diligente, eficaz, transparente, basada en la ley y que atienda el beneficio colectivo de la ciudadanía y la población a través del cuidado administrativo y atendiendo a los diversos principios que marcan la ley, incluyendo el de Austeridad Republicana.

Vale la pena aclarar que el aparato normativo que envuelve al INE es vasto, y derivado de los cambios que ha sufrido el Instituto, las leyes y reglamentos específicos también han sido modificados. El que probablemente representa el cambio más importante, es la transición del Instituto Federal Electoral (IFE), al Instituto Nacional Electoral (INE); por esta razón, resulta fundamental corroborar que la información y reglamentación que se quiera tratar debe ser la más actualizada, a fin de que se encuentre en correspondencia con las disposiciones actuales de la institución.

De igual manera, es necesario comprender que, dentro de los cambios, se encuentran actualizaciones sobre diversos aspectos, procedimientos, e incluso plataformas, como lo fue, en su momento, la transformación del portal CompraIFE a CompraINE .

En esta unidad, se desarrollan seis grandes temas: contrato público; arrendamiento; adquisición; servicios; puntos clave para el correcto desarrollo de los procesos; y diversas herramientas para la supervisión de los contratos.

En el primer apartado se define, desde distintas doctrinas, al contrato público, haciendo un repaso disciplinario sobre las conceptualizaciones hechas para su aplicación en la administración pública. Así mismo, se hace una revisión de su normatividad general a nivel nacional y, posteriormente, se da un tratamiento para una especialización en materia electoral. Este apartado se complementa con los tipos de contratos públicos y sus respectivas modalidades.

En el segundo apartado se explora la definición de los arrendamientos en su carácter administrativo, sin importar la naturaleza de los sujetos, por estar atados a las disposiciones del derecho administrativo. También se exploran los distintos tipos que se encuentran referidos en literatura institucional y jurídica, recorriendo las leyes y códigos para su especialización conceptual y aplicación. Siendo un preámbulo para la inserción de normatividad general y su especialización electoral.

El tercer apartado se conceptualiza sobre las adquisiciones como un acto jurídico del cual se adquiere el dominio o propiedad de una cosa o un bien, las formas en las que se ejecutan las adquisiciones y su diferenciación con otros términos como arrendamiento y adjudicación. Se especifican los distintos tipos de adquisición contemplados en las normativas generales. Destacando también la aplicación de procedimientos de adquisición de acuerdo con las normas nacionales y especializadas en materia electoral.

En el cuarto apartado se expone el significado y uso del término de servicio, a fin de poder profundizar más en el aspecto e implicaciones de las contrataciones de servicios; se presentan las clasificaciones de los diferentes tipos de servicios que existen, como elemento para asegurar la satisfacción de necesidades consideradas esenciales, así como las diferentes disposiciones normativas que regulan la materia de los servicios a nivel nacional y en materia electoral.

En el quinto apartado se exponen algunas herramientas y elementos clave en los procesos de contrataciones, particularmente se presentan elementos provenientes de los reglamentos específicos que regulan al Instituto Nacional Electoral en materia de contratos públicos, arrendamientos, adquisiciones, y contrataciones de servicios. Se presentan recomendaciones específicas sobre situaciones y facultades con las que cuentan los servidores públicos que forman parte e integran los procesos de contrataciones dentro del Instituto.

El sexto apartado está dedicado a la supervisión y verificación, respondiendo a la importancia que éstas implican, cómo se ejecutan y en qué sentido lo hacen, quién y dónde se realiza la supervisión, entendiendo también cómo es que se supervisa. De igual manera se aborda el procedimiento de verificación en el cumplimiento de los objetivos en arrendamientos, adquisiciones y servicios, además de las acciones a seguir ante incumplimiento, tanto sanciones como las oportunidades de conciliación entre las partes involucradas.